Estos son los beneficiados del Colegio de Periodistas de Tamaulipas

Julián Javier H.

Estamos acostumbrados a proyectos de ley risibles, como aquel de prohibir la venta de cerveza fría en los depósitos (Ley Caguama, 2019), o el de permitir castigos físicos a niños chiflados (Ley Chancla, 2023), y ahora se quiere fundar un organismo para reprender a periodistas como una forma de “protegerlos” (Ley Comaye, 2026).

Parece que un comediante escribe nuestra historia e inventa disparates para divertirse. Lo peor es que no es un comediante el que busca proteger a los periodistas con descalificaciones públicas, sino la diputada local Cynthya Jaime Castillo.

Nuestra legisladora, que representa el distrito 19, con cabecera en Ciudad Madero, subió a tribuna a defender una iniciativa que pretende fijar el código de ética de la profesión y decidir quién está capacitado para informar. Tales son las funciones del Colegio de Periodistas de Tamaulipas, una asociación que no nacería por voluntad de personas libres, sino por la Ley Comaye.

Viniendo de una autoridad, en este caso, del Poder Legislativo, es sospechoso que diga comprometerse con la libertad de expresión, ya que la actitud de los servidores públicos con la prensa crítica es de franco disgusto. Por lo mismo, se han redactado, en últimas fechas, leyes para debilitar la libertad de expresión y a los periodistas. Los casos abundan y pueden consultarse en la red.

Pero las sospechas, en nuestro asunto, se convierten en certezas cuando pasamos a la lectura del proyecto. Jaime Castillo no quiere fortalecer la libertad de expresión sino intimidar a los periodistas de Tamaulipas. ¿En qué consiste la amenaza? En el linchamiento social

La dinamita cargada se esconde en el numeral V del artículo 31: “El colegio tendrá como fines… emitir recomendaciones éticas y, en su caso, extrañamientos públicos”.

¿A quién le importan esos extrañamientos públicos? No a los ciudadanos, que pagan impuestos y sufren carencias de todo tipo; o peor, que ni siquiera son escuchados. Los únicos ganadores con esas descalificaciones a la prensa son los servidores públicos.

La Ley Comaye, con su código ético, tiende a coaccionar, a forzar un comportamiento. En caso de desobedecerlo, llegaría el susodicho extrañamiento y, con él, la deshonra pública, ya que su efecto es “moral y reputacional” (artículo 35).

Resulta odioso que, a la vista de una redacción así, afirme que “fortalece la libertad de expresión”. No se puede hablar de prensa libre y vigilancia sin cantinflismo.

Y es todavía peor, si cabe, que se construya un aparato de difusión con recursos públicos para reprender a periodistas. Fue lo que hicieron la URSS de Stalin, la China de Mao y los jemeres Rojos de Camboya.

En la distopía de Jaime Castillo, el periodista tamaulipeco deberá preguntar primero al Colegio qué características tiene una nota o una editorial “ética” para no ser conducido al patíbulo del reproche social. Quiere convertirlo en un hámster metido en una rueda giratoria donde corra sin avanzar.

En los hechos, este Colegio de Periodistas se erige en juez del oficio.

Flaco favor hace al periodismo un Congreso entrometido en su ética de trabajo; ni la Asamblea ni nadie tiene esa prerrogativa. Es el ciudadano el que valida la honestidad o deshonestidad periodística. Y, sobre todo, debe su ejercicio a un derecho irrenunciable: la libertad de expresión.

Por ello es peligrosa la Ley Comaye, porque su propósito es dictar a los informadores cómo “hacer bien” su trabajo. El primero de sus fines es justamente ése: “Elaborar, actualizar y difundir el Código de Ética Periodística”.

La verdad, nos urge un Código de Ética de los Alcaldes de Tamaulipas, incluso un Código de Ética de los Diputados Locales, más que otra cosa. Preguntemos a los ciudadanos quién les queda a deber más, si los periodistas o las autoridades, y sabremos por dónde empezar.

Este Colegio, con facultades para repudiar a la prensa, me sabe a instrumento de control, como aquella licencia de locutor que el Estado inventó para filtrar lo que debía decirse por radio y televisión. Era obligatorio tenerlo para hablar por un micrófono. Se infiere de ahí que, si un comunicador denunciaba casos de corrupción, bastaba con retirarle la licencia para cambiar la opinión a conveniencia. Por cierto, el PRI eliminó este requisito en 2016, y habrá que preguntarse si esto no contribuyó, en parte, a la alternancia política que vino después.

Qué curioso: el PRI fue el gran maestro del control de medios y también su principal libertador; hemos citado ya el caso de la licencia de locución, que derogó el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hay otro que resulta fundamental: el discurso de Ernesto Zedillo ante los socios del CIRT, la cámara de los dueños de la radio y la televisión. En 1998, Zedillo expresó que al gobierno no le corresponde fijar las normas de conducta de los medios. Y los exhortó a que diseñen “sus propios códigos éticos”.

28 años después, Cynthya Jaime Castillo, de Morena, propone crear una asociación que dicte un código profesional a los periodistas locales, y permitir que los reprendan por faltas a la “ética”.

Es un alivio que el gobernador Américo Villarreal Anaya venga de un mundo distinto al de Jaime Castillo. Para él, “se acabó la censura”, lo mismo que la persecución y la amenaza que se practicaban hace tres años. Esto dijo ante cientos de informadores el 7 de junio de 2025.

Si tal es la estrella que guía al gobernador, y que la prensa valora, la propuesta de Cynthia Jaime servirá, por lo menos, para cumplir el Código de Limpieza del Congreso: irá a la basura.